Este martes se dio inicio la IX Conferencia de Estados Parte (CEP) de la Convención Belém do Pará; un histórico tratado interamericano que, desde su adopción hace 30 años (1994), promovió el abordaje de la violencia contra las mujeres, en el ámbito público y privado, como una violación a los derechos humanos.

En la primera jornada participó la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco Pizarro; junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien preside este encuentro internacional; la Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA, Alejandra Mora Mora; y la Directora Regional de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, entre otras representantes.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que “el desafío de esta conferencia es concordar estrategias para acelerar el proceso de cambio, para que esta generación sea la última que viva bajo condiciones de violencia de género estructurales”. Asimismo, destacó la oportunidad de que nuestro país lidere este diálogo, pues “celebramos 30 años de esta convención que marcó un antes y un después en la vida de las mujeres americanas, porque permitió que, desde que se ratificó, todos los países, incluyendo Chile, comenzaran a desarrollar legislación contra la violencia hacia las mujeres”.

Mientras que la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, declaró que para el servicio “es fundamental ser parte de este proceso que nos permite conocer cuáles han sido los avances gracias a este tratado internacional en relación a las violencias de género, donde existe un marco jurídico y regulatorio que obliga a los Estado partes a implementar acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia; y vinculante con el quehacer del SernamEG, desde ahora apoyado por la Ley de Violencia Integral, recientemente promulgada”.

Como parte de los avances institucionales para cumplir con los compromisos, el SernamEG, a partir de 2014, cuenta con programas actualizados para prevenir y atender las violencias de género de forma especializado, trabajando conjuntamente con las organizaciones sociales y educativas, donde se estima que la cobertura total alcance las 86 mil personas. Esto, se traduce en un cambio sustancial en la forma de abordar la problemática. Con este nuevo enfoque, el involucramiento de la comunidad y la coordinación institucional del Estado es vital para ejecutar acciones efectivas.

Finalmente, en la instancia internacional se abordarán diversas temáticas, incluyendo el desarrollo de una Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género desde las tecnologías; como también el diseño de estrategias aceleradoras para la implementación efectiva de la Convención en los distintos territorios.